Este viernes termina el plazo para inscribirse en la Bolsa Única Común de personal laboral de la Junta de Andalucía. La fecha está marcada en negro en el calendario de más de un centenar de técnicos de integración social de la provincia, que se han concentrado este miércoles ante la Delegación de Educación para escenificar el “entierro” de sus derechos y exigir una solución a su complicada situación laboral
Según explica María José López, representante de los trabajadores y miembro de CCOO, la bolsa única supone la “muerte laboral” de este colectivo, que verá a partir de septiembre cómo la Consejería de Educación cubre con trabajadores laborales propios los servicios de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales y el de Interpretación de Lengua de Signos, que hasta ahora han estado ejerciendo ellos a través de empresas externas.
López señala que los 140 trabajadores -en su mayoría mujeres- que prestan sus servicios en centros educativos onubenses tienen pocas opciones de renovar sus puestos a través de la bolsa ya que las irregularidades en sus contratos no les han permitido acumular puntos por cotizar en diferente categoría.
Educación, recuerda la representante sindical, tiene hasta 2022 para convertir estos puestos en públicos, a requerimiento de la Intervención. Su plan inicial era ir sacando 500 plazas por año hasta rescatar las 1.400 existentes en Andalucía. Sin embargo, en los últimos encuentros que han mantenido con el consejero de Educación, Javier Imbroda, éste les ha asegurado “que están estudiando la forma para que la bolsa se utilice solo para las necesidades nuevas”, de manera que se respete a los trabajadores externos actuales.
López valora esta buena intención pero insiste en que necesitan garantías “concretas y por escrito” y que, por ello, van a seguir adelante con su calendario de protestas, que incluye dos jornadas de huelga los próximos 18 y 19 de febrero.
Por el momento, sus sensaciones no son optimistas respecto al desenlace del conflicto ya que desde que han iniciado las protestas ya han notado “dos consecuencias negativas”. La primera es que pretenden imponerles servicios mínimos para su segunda huelga, algo que no tuvieron en la primera y que estos implican a casi la totalidad de los trabajadores. La segunda es que se les está impidiendo inscribirse en los cursos de formación de la Junta, algo que sí podían hacer antes.
Los trabajadores mantienen abierta también la vía legal, esperando que los tribunales les den su razón en sus denuncias por cesión ilegal, ya que entienden que sus empresas se han limitado todos estos años a pagarles el sueldo mientras que su gestión real como profesionales ha dependido de la Administración pública.
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